PRESIDENTE REGIONAL Y JEFE DEL INDECI TENDRÁN QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA
terremoto en Ica
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Ministerio Público señala que hubo omisión de funciones y abuso de autoridad. Contraloría halla irregularidades en el alquiler dela maquinaria
En los casi 19 meses que han transcurrido desde que ocurrió el terremoto del 15 de agosto del 2007, solo una vez llegó maquinaria pesada para recoger escombros a la Asociación de Vivienda Los Espinos, lugar localizado a 10 cuadras de la Plaza de Armas de Ica en el que habitan 158 familias. Así, entre sus calles todavía pueden verse restos de casas que se vinieron abajo con el sismo. Igual situación se observa en las urbanizaciones Comatrana, San Martín y Santa Rosa, lo que evidencia lo poco que hizo el Gobierno Regional de Ica.
Para saber por qué aún no se han terminado las labores de remoción de escombros y para esclarecer dudas respecto del alquiler de maquinaria pesada para ese fin en el 2007, la Contraloría General de la República inició una investigación que ha puesto al descubierto serias irregularidades por parte del gobierno regional, las cuales involucran a funcionarios del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
El informe determinó que tanto el presidente regional de Ica, Rómulo Triveño Pinto, como el actual jefe del Indeci, general EP® Luis Felipe Palomino Rodríguez, incurrieron en el supuesto delito de omisión de funciones en agravio del Estado, “al no haber ejercido ambos un seguimiento, supervisión y fiscalización de estas obras de remoción”, como lo estipulaban algunas cláusulas del convenio que firmaron estas autoridades el 7 de setiembre del 2007 para realizar esta labor.
Según el acuerdo, al gobierno regional se le asignaban un total de S/.18’535.000 de las arcas del Indeci para que se encargara de la contratación de maquinaria en Ica, Chincha y Pisco. Los trabajos debían de culminar en 60 días.
Sin embargo, la auditoría determinó que el jefe del Indeci “no cumplió de manera personal ni a través de otra persona delegada con el seguimiento de las metas físicas y financieras que estipulaba la cláusula cuatro del referido convenio”. Este incumplimiento permitió “que se contratase empresas que no estaban habilitadas para realizar convenios con el Estado, maquinarias que no contaban con las especificaciones técnicas, se realizara exoneraciones consecutivas y no se precisara las zonas de trabajo ni la ubicación de las empresas”.
Sin embargo, la auditoría determinó que el jefe del Indeci “no cumplió de manera personal ni a través de otra persona delegada con el seguimiento de las metas físicas y financieras que estipulaba la cláusula cuatro del referido convenio”. Este incumplimiento permitió “que se contratase empresas que no estaban habilitadas para realizar convenios con el Estado, maquinarias que no contaban con las especificaciones técnicas, se realizara exoneraciones consecutivas y no se precisara las zonas de trabajo ni la ubicación de las empresas”.
Asimismo, se ha llegado a establecer que ninguna de las autoridades observó la celebración de 25 contratos, 20 de los cuales se suscribieron antes de la convocatoria pública. Tampoco se fiscalizaron contratos con 16 empresas que no se hallaban inscritas en el Registro Nacional de Contratistas.
“Ha quedado demostrada una concertación entre funcionarios y proveedores existiendo en dichos contratos una numeración no correlativa que no guarda relación con las fechas de suscripción y la numeración correlativa de los contratos”, se lee en el informe.
En este rosario de irregularidades, existe un fax que remite el jefe del Indeci al presidente regional el 12 de setiembre del 2007 en el que le “agradece tener en consideración las propuestas de alquiler de equipos y maquinaria que se indican para trabajos de demolición de escombros”.
El fax consigna los nombres de nueve empresas, cuatro de las cuales remitieron sus cotizaciones a Palomino, entre el 4 y el 7 de setiembre, día en que se suscribió el convenio entre el gobierno regional y el Indeci.
DENUNCIA EN MARCHAConsultados sobre este caso, el vicepresidente del gobierno regional de Ica, Alonso Navarro Cabanillas, y el consejero regional Herbert Suinei Pacheco coincidieron en que el documento que involucra a Triveño y Palomino debe incluirse en la denuncia que, sobre el caso, acaba de formular el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, José Luis Herrera Ramos.
Este presentó la denuncia en febrero contra Triveño y Palomino por omisión de funciones en agravio del Estado, pero ha decidido ampliarla tras conocer el informe de la contraloría. Así, ha decidido incluir la figura de abuso de autoridad.
DENUNCIA EN MARCHAConsultados sobre este caso, el vicepresidente del gobierno regional de Ica, Alonso Navarro Cabanillas, y el consejero regional Herbert Suinei Pacheco coincidieron en que el documento que involucra a Triveño y Palomino debe incluirse en la denuncia que, sobre el caso, acaba de formular el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, José Luis Herrera Ramos.
Este presentó la denuncia en febrero contra Triveño y Palomino por omisión de funciones en agravio del Estado, pero ha decidido ampliarla tras conocer el informe de la contraloría. Así, ha decidido incluir la figura de abuso de autoridad.
Corresponderá al juzgado penal de turno disponer el inicio de la instrucción que comprende a 28 personas, entre actuales y ex funcionarios del gobierno regional, así como contratistas y subcontratistas. A ellos se les imputa los delitos de colusión desleal y peculado doloso.
El consejero regional Suinei ha pedido que se incluya a siete de sus pares, porque hay indicios de que tres de ellos “recomendaron” a algunas de las 25 empresas removedoras de escombros.
para favorecer a determinadas compañías.Tras la denuncia de El Comercio, el congresista Isaac Fredy Serna Guzmán (UPP) por Ica solicitó formalmente la intervención de la Contraloría General de la República, que inició la auditoría.
para favorecer a determinadas compañías.Tras la denuncia de El Comercio, el congresista Isaac Fredy Serna Guzmán (UPP) por Ica solicitó formalmente la intervención de la Contraloría General de la República, que inició la auditoría.
PARA RECORDAR
El jefe del Indeci, Luis Palomino, aprobó la transferencia de más de S/.18 millones al Gobierno Regional de Ica el 7 de setiembre del 2007 con el fin de contratar maquinaria para remover escombros.
El jefe del Indeci, Luis Palomino, aprobó la transferencia de más de S/.18 millones al Gobierno Regional de Ica el 7 de setiembre del 2007 con el fin de contratar maquinaria para remover escombros.
El 25 de setiembre se realizó la convocatoria pública para los trabajos. Sin embargo, 20 contratos ya se habían establecido previamente y de forma verbal con 20 empresas.
Tras este irregular procedimiento, las 350 máquinas alquiladas dejaron de operar por término de contrato la quincena de noviembre, por lo que Triveño solicitó al Indeci una ampliación. Esta no se renovó en vista de la inoperancia demostrada por las empresas para los trabajos.
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